En el marco de los trabajos de destrucción de documentos de antigua data llevado adelante por la Secretaría General (SGE) de nuestra institución, la Contraloría General de la República (CGR) inició la verificación del estado de las cajas contenedoras de los documentos a ser destruidos.
El comité de apoyo de la CGR, se instaló esta semana en el Archivo Central, a fin de hacer la verificación del 10% (167cajas) de la documentación total, siendo el mismo de 1670 cajas. Una vez realizada esta verificación in situ conjuntamente con el equipo de la SGE, y el apoyo de la Auditoría Interna de Petropar, labrarán un informe a fin de iniciar la destrucción de dichos documentos y su posterior donación a la empresa encargada de elaborar materiales reciclados.
El equipo de la CGR que lleva adelante esta verificación, está compuesto por los funcionarios: Abg. Eva Giménez, Coordinadora, C.P Alba Sotelo, Supervisora, Ing. Víctor Torres, Jefe de Equipo, Abg. Nelson Fernández, Auditor, C.P. Juan Bettini, Auditor.
La Dra. Elizabeth Paniagua, Secretaria General y su equipo de trabajo, iniciaron esta exhausta tarea en el año 2021. En una primera etapa, las dependencias realizaron los trabajos de verificación y selección de los archivos correspondientes a sus áreas.
La Sección Archivo del Departamento de Procesamiento de la SGE, procedió al relevamiento y clasificación de estos documentos para su posterior destrucción. Las dependencias que completaron el proceso son: Auditoria Interna, Dirección Comercial, Gerencia de Comercio Exterior, Dirección de Gestión Empresarial y Gerencia de Planta.
Destacamos el trabajo de los funcionarios de Petropar designados para esta labor: Abg. Elizabeth Paniagua Aguilera, Secretaria General, David Torres, Jefe Dpto. de Procesamiento, Milson Villagra, Encargado de Despacho de la Sección Archivo y el Abg. David Caballero, Jefe de Sección Auditoria Forense.
Por Resolución N° 872/02 de fecha 26 de agosto de 2002, la CGR fija los procedimientos administrativos unificados, para facilitar la tarea de control en la destrucción e incineración de los documentos oficiales de los órganos y entidades del Estado, Gobiernos Departamentales y Municipales. Cabe destacar que la normativa contempla a las documentaciones de antigua data, consignados, así como aquellos que tienen más de 10 años de su emisión.